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El Gobierno extremeño aprueba la Declaración de Interés General de los regadíos de Tierra de Barros

9 octubre, 2014 | Publicado en Noticias , Olivar , Viñedos

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La declaración ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en Don Benito.

 

   El Consejo de Gobierno Extraordinario de Extremadura celebrado en Don Benito (Badajoz) ha aprobado la Declaración de Interés General del proyecto de regadíos de Tierra de Barros, un “paso más” con el que se pueden iniciar los trámites de expropiaciones, entre otros, para poner en marcha este importante plan de regadíos.

   Este “nuevo avance” en el proceso se suma a otras tramitaciones ya realizadas como la encomienda de licitación de la zona regable así como las diversas reuniones que se han mantenido para constituir las comunidades de regantes.

Cabe recordar que para este proyecto, junto con el de Monterrubio de la Serena, el Gobierno regional destina 50 millones de euros ya que se trata de una “demanda” de los agricultores desde hace “muchos años” y del que se podrán beneficiar en torno a 5.000 regantes entre ambas zonas.

En el caso de Tierra de Barros se han recibido solicitudes más que suficientes para habilitar las 15.000 hectáreas de regadío privado establecidas.

Las tierras que se regarán serán aquellas cuyos costes de explotación futuros sean más bajos; es decir, las que sean económicamente más rentables, por el bien de los agricultores actuales y las generaciones

Los proyectos de este tipo cuentan con una financiación para las obras del 50 por ciento por parte de la Administración y el 50 por ciento por parte de las comunidades de regantes, pero la intención del Gobierno extremeño es que los agricultores asuman menos de ese 50 por ciento.

Si los plazos siguen su curso normal, la previsión es que los proyectos de obras estén acabados a finales del próximo año, para poder iniciar las obras a comienzos de 2016.

MONTES

Por otra parte, como otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno de Don Benito, la Dirección General de Medio Ambiente implantará la certificación forestal de los montes extremeños, así como de los productos derivados de los mismos como pueden ser el corcho, la resina, las setas, la biomasa, etcétera.

Esta certificación garantiza, según el Ejecutivo autonómico, que se ha hecho un uso sostenible tanto de los montes como de los productos que salen del mismo y viene a demostrar que se ha hecho un “buen uso” de estos espacios.

El objetivo es ir “un paso más allá” en el cuidado de los montes de la comunidad dada la “importancia y relevancia” de los mismos.

BOMBERO FORESTAL

Por otra parte, el Gobierno de Extremadura reconoce la categoría profesional de bombero forestal, lo que supone además “más beneficios salariales” para este colectivo.

El Ejecutivo regional da “un paso más” en su apuesta por el medio ambiente y el cuidado del patrimonio natural extremeño y empezará a
negociar con los representantes sindicales nuevas condiciones laborales para los trabajadores del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex). Así, reconocerá la especialidad de bombero forestal.

Con esta medida atiende una “demanda histórica” de estos trabajadores y se refuerza “aún más” la labor del Gobierno en la prevención y extinción de incendios forestales, que este año ha contado con una inversión autonómica de 30 millones de euros.

CAMINOS RURALES

Por otra parte, el Gobierno extremeño habilitará caminos rurales y pistas forestales en aquellos municipios con acceso limitado en caso de incendios que lo demanden.

Esta medida podrá beneficiar hasta 3.500 vecinos de una veintena de localidades donde la orografía y la abundante masa forestal pueden dificultar la evacuación de personas en caso de incendios, así como las labores de extinción de los mismos.

En el caso de los caminos rurales, la Consejería de Agricultura, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, puede actuar en aquellos ya construidos, que estén en mal estado, o en aquellos de nueva traza que los ayuntamientos delimiten.

A la hora de hacer nuevos caminos, serían los ayuntamientos los que los demandaran y Desarrollo Rural estudiaría sobre el terreno cuál es la mejor opción.

Igual sucede en el caso de las pistas forestales en localidades con montes públicos, que es dónde se puede actuar.